LA FISCALÍA DE PANAMÁ ABRIRÁ UN PROCESO PENAL PARA INVESTIGAR LA CREACIÓN MASIVA DE SOCIEDADES

La Fiscalía General de Panamá ha anunciado que pedirá ayuda internacional para abrir un proceso penal que compruebe si se cometió algún delito en el país y descubrir a los autores o partícipes en la creación masiva de sociedades opacas a través de un bufete panameño de abogados, revelada por la mayor filtración periodística de la historia, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y bautizada como Los Papeles de Panamá. Además, el ministerio público ha asegurado que atenderá todos los requerimientos internacionales de petición de información.
Las informaciones periodísticas investigadas por casi 400 periodistas de todo el mundo revelan el protagonismo de una firma de abogados panameña en la creación masiva de sociedades opacas que permitieron a líderes políticos, grandes fortunas, personalidades del deporte y de la cultura y organizaciones criminales operar en paraísos fiscales. Varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) desvelaron el domingo pasado que personalidades de todo el mundo, entre ellas 12 jefes de Estado o de Gobierno, utilizaron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear sociedades offshore y gestionar su patrimonio al margen del fisco. Esta filtración es la mayor de la historia e incluye 11,5 millones de documentos que cubren más de 40 años de actividad de esta firma panameña, considerada una de las más importantes a nivel mundial en la creación de este tipo de sociedades. Atenderá todas las peticiones internacionales de información La Fiscalía ha señalado que en vista de la “complejidad y extensión sin precedentes de la información que ha sido expuesta a nivel internacional”, aplicará todos los instrumentos y técnicas de investigación a su alcance “a fin de agotar la investigación y exigir la responsabilidad penal correspondiente”. Ha destacado que dará diligencia a “todos los requerimientos de cooperación internacional, utilizando también este instrumento de investigación para obtener la información de otras jurisdicciones, que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso”. “Lo anterior, viene a reforzar el compromiso institucional del Ministerio Público en la lucha contra el blanqueo de capitales y sus efectos transnacionales, de acuerdo con el marco constitucional y legal de la República de Panamá”, ha remarcado la entidad judicial. En concreto, respecto a España, la embajadora panameña en este país, Mercedes de la Guardia de Corró, ha asegurado que su Gobierno colaborará con la justicia y la Agencia Tributaria en la investigación de las sociedades opacas con titulares españoles abiertas en el país centroamericano. En un desayuno informativo del Executive Forum, la embajadora ha afirmado que su país es “el más interesado” en que el caso se esclarezca y ha dejado claro que su colaboración será “vigorosa y absoluta”. El bufete dice que no puede responsabilizarse de lo que hacen intermediarios Ramón Fonseca Mora, uno de los socios de Mossack Fonseca y actual ministro asesor de la Presidencia de Panamá, ha reiterado este lunes que su bufete siempre ha actuado según las leyes de las distintas jurisdicciones en la que opera. Fonseca Mora -que pidió el mes pasado una excedencia de un año para poder defenderse de las acusaciones que le vinculan al escándalo de corrupción de la petrolera brasileña Petrobrás– ha declarado a una televisión local que la mayoría de las sociedades que Mossack Fonseca constituye y luego vende no se crean en Panamá. “Nadie va a ir a acusar a una firma que crea sociedades en Inglaterra de ser cómplice” de un eventual delito que cometa el que la compra, ha señalado Fonseca Mora. Pero “cuando es Panamá, aunque hayamos constituido la sociedad en otro lado, se está acusando a Panamá“, y eso “sucede porque (…) quieren, en cierto sentido, asociar a Panamá” con supuestos delitos, lo que no es correcto, según este socio del bufete. El domingo pasado, el abogado indicó a Efe que el 99% de sus clientes son intermediarios que revenden sus productos a clientes finales, y que no pueden responsabilizarse por la actuación los terceros. Sobre el vínculo de Ramón Fonseca con el Gobierno panameño, el presidente, Juan Carlos Varela, ha asegurado este lunes que el abogado presentó “su renuncia” tanto al cargo de ministro consejero de la Presidencia como al de presidente del Partido Panameñista, que gobierna el país. Sin embargo, Varela no ha concretado la fecha de esa dimisión y ha recordado que el ahora ex asesor presidencial había pedido en marzo pasado una excedencia por un año en ambos cargos. El Gobierno panameño considera “injustas” las críticas al país Por otro lado, el jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Ricardo Zubieta, ha destacado que la ley de sociedades anónimas que rige en el país es una “copia” de la norma que tiene el estado norteamericano de Delaware y que, por tanto, son “injustas” las críticas que está recibiendo Panamá tras las filtraciones. “No estamos haciendo nada que no hagan otros países”, ha señalado Zubieta a Efe. En Panamá, al igual que en Delaware y en otros partes del mundo, es legal y muy común crear y vender empresas offshore extraterritoriales, una práctica “muy recomendable para la planificación de patrimonios empresariales o familiares”, en palabras del funcionario. Las sociedades anónimas panameñas están reguladas a través de la Ley 32 de 1927 (que ha sufrido varias modificaciones), gozan de baja tributación y están sujetas a un sistema territorial, que solo requiere el pago de impuestos por actividades realizadas dentro de Panamá. “Tenemos un sistema mucho más regularizado que la mayoría de los países industrializados, incluso regulamos las actividades de los sujetos no financieros para evitar el blanqueo de capitales”, ha sostenido Zubieta. Además, ha opinado que muchas personas eligen abrir sociedades en Panamá porque el país “ofrece varios beneficios, entre ellos la estabilidad de nuestra moneda, y la seguridad y flexibilidad de nuestra legislación, que permite manejar las sociedades de forma práctica sin entrar en formalismos exigidos en otros países“. Para Zubieta, un paraíso fiscal es aquel país o jurisdicción que tiene leyes distintas que favorecen a los extranjeros frente a los nacionales con el fin de atraer su inversión, una definición que “no refleja” lo que es el sistema financiero y bancario de Panamá. “Nosotros tratamos igual a nacionales y extranjeros. No hemos hecho un buen trabajo de comunicación, no hemos sabido explicar que no somos un paraíso fiscal”, ha concluido el representante ministerial. Me Gusta 1 Twitear 0 Compartir 0